La Universidad Pública de El Alto tiene 13 años de vida y en ese periodo tuvo el mismo número de rectores. Docentes y exautoridades señalan que existen pugnas de poder.
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| Pedido. A principios de septiembre, universitarios de la UPEA protestaron en puertas del Ministerio de Economía por el congelamiento de cuentas. Foto: Miguel Rivas |
La Universidad Pública de El Alto (UPEA) tiene 13 años de existencia y en este tiempo tuvo 13 rectores, uno por año. Todos fueron denunciados por haber incurrido en actos irregulares. Tres de sus exautoridades tienen juicios penales por supuestos actos de corrupción.
Las denuncias en contra de estas exautoridades están relacionadas con: mal manejo de recursos económicos, favoritismo a estudiantes dándoles trabajo, arreglo de notas, acoso laboral e, incluso, acoso sexual.
Estas acusaciones aún se encuentran en fase de investigación en la Dirección Jurídica y otras no prosperaron por falta de seguimiento de los denunciantes o de los administrativos encargados de impulsar estos procesos, según información de la Dirección Jurídica de esta casa de estudios.
Este año se llevaron a cabo elecciones para rector en la UPEA, el resultado fue que durante, al menos dos semanas, esta universidad estuvo con dos rectores y con sus cuentas fiscales congeladas debido a la pugna desatada por esos comicios.
El conflicto se inició el 29 de julio, cuando los catedráticos renunciaron al Comité Electoral porque el estamento estudiantil, dijeron, avalaba candidaturas sin que éstas hayan cumplido los requisitos establecidos.
Enfrentamiento. Pero el 31 de julio, los estudiantes llevaron a cabo las elecciones, sin el apoyo docente. El 2 de agosto, el Honorable Consejo Universitario (HCU) fue asaltado por este grupo de alumnos.
El 15 de agosto se llevó a cabo la segunda vuelta de esos comicios. Los universitarios del Comité Electoral contrataron guardias de seguridad privada que agredieron a estudiantes y docentes. Tuvo que intervenir la Policía, que arrestó a, al menos, 11 de ellos.
El ganador de la contienda fue Rime Choquehuanca, pero no pudo ejercer el cargo porque no contaba con el reconocimiento del HCU, que designó a otro interino: Edilberto Tarqui, quien actualmente ocupa esas funciones.
Este tipo de pugnas fue la característica de los 13 años de vida institucional de la UPEA, de modo que suman 13 los rectores que la dirigieron en sus 13 años.
Según docentes y exdirectores de carrera, el constante cambio de rectores y las denuncias de irregularidades en su contra se producen por motivos de pugnas de poder, que a su vez permiten dejar al descubierto los ilícitos.
Cronología.
Los tres rectores procesados penalmente son: Javier Tito, Jorge Echazú y Mario Virreira.
Tito asumió el rectorado en 2001, luego del interinato de Gualberto Cusi (desde septiembre de 2000). Fue procesado por el delito de peculado y malversación de fondos, por un supuesto manejo irregular de los recursos de la UPEA, que en su gestión eran de Bs 18 millones. La denuncia formal, por daños económicos al Estado, fue interpuesta por el rector interino que lo suplió en 2002, Jorge Echazú.
Asimismo, se acusó a Tito por los delitos de nombramiento Ilegal, uso indebido de influencias, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, asociación delictuosa, organización criminal y ejercicio indebido de la profesión.
Echazú, designado como rector, según resolución del HCU de 17 de diciembre de 2002, fue acusado de haber recibido dinero que no utilizó en la universidad, sino para fines personales. Esto habría provocado un daño económico de $us 72.000 a esta casa de estudios, los que habrían ido a parar, en cuatro cheques, a manos de la autoridad denunciada.
Echazú fue querellado por desvío de fondos y daño económico a la universidad alteña.
Irregular. Esta misma acusación fue replicada en contra de Mario Virreira, que en la gestión de Echazú fungía como vicerrector. El 8 de diciembre de 2004 fue designado rector por el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) y fue ratificado el 28 de febrero de 2005.
Aparte de estas tres autoridades acusadas penalmente, las otras diez tienen denuncias en su contra por actos irregulares. Por ejemplo, el 23 de marzo de 2005, el HCU designó como rector a Félix Gutiérrez, quien despidió a 12 funcionarios de esta casa de estudios, lo que provocó denuncias en instancias judiciales.
El 10 de diciembre de 2007 fue designado como rector interino Johnny Angulo, quien amplió su gestión por otros tres meses, el 18 de marzo de 2008, y se prorrogó hasta julio de ese año.
A la salida de Angulo, le sucedió Federico Zelada, nombrado el 7 de julio de 2008. Luego Mary Medina fue posesionada como la primera rectora interina de la UPEA, el 7 de mayo de 2009. Ese mismo año tomó el rectorado Gabriel Pari, el 14 de septiembre. Estos tres últimos fueron denunciados por los estudiantes por provocar divisionismo en la UPEA.
En 2009 fue posesionado Dámaso Quispe, a quien se investiga por denuncias de malversación de fondos relacionados con la construcción del emblemático edificio, de predios y por denuncias de extorsión a una empresa.
En septiembre del año pasado, asumió el cargo principal Rubén Serrón, quien prorrogó su mandato por casi un año, lo que provocó peleas internas y la convocatoria a elecciones sin cumplir las normas internas.
Resoluciones del HCU revelan problemas internos en la UPEA
El caos administrativo en la Universidad Pública de El Alto (UPEA), como el que ocurrió este año cuando tuvo dos rectores, se ve reflejado año tras año en el dossier de resoluciones del Honorable Consejo Universitario (HCU), que se publica cada año en una gaceta universitaria.
La Razón revisó uno de esos documentos, el de 2010, y halló 21 resoluciones que revelan problemas administrativos, peleas internas, procesos penales y judiciales, censuras a actos de agresiones, congelamiento de cuentas estudiantiles, entre otros problemas internos.
Uno de los ejemplos de estos contratiempos es la Resolución 109/2010 referida a la valoración y análisis jurídico de la querella interpuesta por Mario Virreira Iporre, exrector de la UPEA, en contra de la AFP Futuro de Bolivia por concepto de cotizaciones, primas y comisiones de la gestión 2000.
En ésta, se resuelve que toda documentación que contenga información sobre el pago de cotizaciones, primas y comisiones realizadas a la AFP a partir del mes de enero a octubre de 2000, sea remitida al HCU y que la Unidad Jurídica de esta casa superior de estudios realice la valoración de la querella interpuesta por Virreira en contra de AFP Futuro.
Otra de las resoluciones del HCU, la 121/2010, refleja problemas internos entre estudiantes.
“A solicitud expresa del Ejecutivo de la Federación Universitaria Local (FUL) de la UPEA se autoriza el congelamiento de cuentas del estamento estudiantil hasta que los problemas internos sean superados”.
En los antecedentes, la resolución menciona que existen conflictos internos en el estamento estudiantil que no fueron superados. También dice que el representante de la FUL hizo conocer su preocupación porque se hicieron desembolsos sin conocimiento de esta instancia universitaria.
La Resolución 22/2010 revela que los docentes universitarios se beneficiaron con cargos en el Gobierno nacional. “La UPEA no brindó ningún apoyo institucional a docentes sometidos a procesos universitarios por ocupar cargos en el Gobierno”.
13 años de lucha por consolidarse en El Alto
En mayo de 2000, aproximadamente 15.000 alumnos postulantes marcharon por las calles de La Paz pidiendo la creación de una universidad para El Alto. Las presiones lograron el objetivo.
El 5 de septiembre de ese año, mediante la Ley 2115, nace la Universidad Pública de El Alto (UPEA), pero sin autonomía, ya que estaba dirigida por el Gobierno, la Iglesia Católica y la dirigencia cívica con la creación del Consejo de Desarrollo Institucional (CDI).
A mediados de 2002, se creó el Honorable Consejo Universitario (HCU), instancia que generó el autogobierno.
Dos meses después de la denominada “guerra del gas”, en la que participaron docentes y estudiantes con movilizaciones y protestas, el 12 de noviembre de 2003 el entonces presidente de Bolivia, Carlos Mesa, promulgó la Ley 2556 que otorgó autonomía universitaria a la UPEA.
Ese mismo año, los estudiantes hacen prevalecer el voto universal y la periodicidad de cátedra. Al año siguiente, en 2004, se crea el Estatuto Orgánico, que tuvo que esperar otros cuatro años para ser ratificado. Éste señala que la UPEA es “científica, democrática, popular y antiimperialista”.
En 2009, el XI Congreso Nacional de Universidades la reconoce y la integra al sistema universitario público del país.
En 2011, las movilizaciones docente-estudiantiles consiguen la otorgación de recursos de la coparticipación tributaria.
Miguel Rivas
